En bello abundan las desapariciones y escasean las respuestas institucionales

Manuela Franco Osorio

Diver Corrales, de 36 años, desapareció en Bello el 6 de junio de 2020 en plena pandemia. Él es una de las 2.813 personas desaparecidas en el país hasta el 30 de septiembre de este año, según Medicina Legal. Su familia llevó su caso a otra jurisdicción para iniciar la investigación sobre su paradero, debido a que no encontraron respaldo en autoridades locales.


El caso de Diver, junto con otros, evidencia falta de claridad y acción sobre la situación de desapariciones en Bello. Además de no brindar un acompañamiento oportuno a las familias, las autoridades competentes presentan cifras distintas entre sí y en el Municipio no se ha hecho un adecuado seguimiento a la Alerta Temprana 036 de 2019 realizada por la Defensoría del Pueblo, que advierte vulneraciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, a partir de la dinámica de diversos grupos y estructuras armadas ilegales. 

Diego*, hermano de Diver, denunció su desaparición ante las autoridades, y desde la Sijín de Bello le pidieron los datos, pero no tuvo más noticias sobre la continuación del caso ni de la asignación de un investigador. Por ello, contactó a la Personería del Municipio para solicitar aceleración en el proceso u otros canales de atención, pero él asegura que lo único que le ofrecieron “fue publicar información sobre Diver en sus redes sociales”. 

Sin respuestas en Bello, Diego buscó la Fiscalía en Medellín, donde le asignaron un investigador: 

 Las únicas instituciones que nos han ayudado son la Gobernación de Antioquia, desde el eje temático de Desaparición Forzada; y la Fiscalía en Medellín, quienes ahora llevan el caso”.

El caso de Diver no es único. Las familias de Laura Góngora, desaparecida el 8 de mayo de 2020, y de Absalón Restrepo, visto por última vez el 3 de octubre, igualmente buscaron acompañamiento fuera del municipio. Otras dos familias, que pidieron no revelar sus apellidos, también hicieron lo mismo. 

Sin unidad de cifras 

En Bello pareciera que no hay una cifra unificada de personas desaparecidas. Mientras que el Instituto Nacional de Medicina Legal (Dirección Noroccidente) reporta 37 entre el 1.° de enero y el 18 de septiembre de 2020, el personero Bernardo García, que se basa en cifras de la Policía Nacional, reporta 13 entre el 1.° de enero y el 2 de septiembre de este año. 

Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Bello, aparentemente, no tiene información sobre cifras de personas desaparecidas. Al preguntársele al respecto al subsecretario de gobierno, Luis Hernando Pérez, remite a otras instituciones en lugar de dar datos

concretos: “Creería que es mejor que se solicite a la Fiscalía, porque ellos tienen las bases de datos de las investigaciones. Ellos pueden dar información más exacta”. La respuesta deja interrogantes sobre la gestión de este fenómeno, ya que las cifras son importantes para que una administración ejecute estrategias y planes de acción para enfrentar problemáticas en el territorio. 

 

En relación con las cifras de desapariciones en años anteriores en Bello, Medicina Legal registra en 2016, 35; en 2017, 37; en 2018, 63; y en 2019, 60. 

Una alerta activa 

Además de lo expuesto, aún está activa la alerta temprana presentada por la Defensoría del Pueblo a la Administración Municipal en 2019. En esta se notifica la vulnerabilidad y el riesgo de la población civil, como consecuencia del conflicto armado en el municipio; así mismo, se delega en la Alcaldía de Bello el deber de proteger, coordinar y brindar atención oportuna e integral. Esta alerta fue dirigida a 16 instituciones con incidencia en Bello, de las cuales solo 6 dieron alguna respuesta, ninguna de ellas era de la Administración Municipal. 

Claudia Duque, del eje temático de Desaparición Forzada, Dirección DDHH de la Gobernación de Antioquia, aclara: “Las alertas siguen activas hasta que los hechos victimizantes se superan”, y agrega que su atención corresponde a los municipios. Por su parte, el personero de Bello reconoce que la alerta está vigente; además explica que el 18 de agosto de 2020 la Defensoría del Pueblo, a través de un documento, le manifestó al Ministerio del Interior que la calificación que da al seguimiento de la Alerta Temprana 036-19 es baja, es decir, según el funcionario, que

 todavía falta compromiso con la superación de esa alerta”. En el documento se puede leer: “Persiste y por momentos se agudiza el escenario de riesgo advertido en la Alerta Temprana”.

Frente a la situación de las desapariciones, el subsecretario de Gobierno de Bello manifiesta: “En la Administración se ejecuta el Plan Integral de Seguridad y Convivencia del Ciudadano (PISCC) (…) en el cual se desarrolla todo en materia de seguridad y convivencia, es decir, los lineamientos por los cuales nosotros vamos a intervenir diferentes problemáticas (…) en el que se polarizó el hurto, el homicidio, las rentas criminales y el consumo de estupefacientes”. Llama la atención que no menciona las desapariciones dentro del PISCC, en cambio, pareciera que delega las responsabilidades: “La desaparición se ha estado trabajando desde la Fiscalía, por lo menos, en cuanto a la ejecución, es por parte de la Policía y el Ejército”. 

Las desapariciones de Diver Corrales y otras personas demuestran la problemática de seguridad que vive Bello. Mientras muchas familias esperan ver nuevamente a sus seres queridos, otros ciudadanos esperan no pasar por una situación similar. Lo cierto es que al tema no se le está dando la importancia que requiere. 

*Nombre cambiado por petición de la fuente.

Periodista

Manuela Franco Osorio, cuarto semestre de comunicación social.

Edición 39