Excombatientes de las Farc-Ep, en busca de garantías para la vida

Valentina Ramírez Hurtado

Desde la firma del Acuerdo de Paz cada semana asesinan un excombatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, Farc-Ep. Hasta el 24 de octubre, asesinaron 236 firmantes de paz, de ellos once son las víctimas en Ituango, territorio en disputa por grupos armados. La situación es de tal magnitud que entre agosto y octubre, tiempo de redacción de este artículo, asesinaron 16 personas en Colombia. Los departamentos más afectados son Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá y Meta.

Tierra prometida

El 1 de julio, líderes del partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, anunciaron su salida del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Román Ruiz, en Santa Lucía, Ituango, hacia el municipio de Mutatá para el 15 de julio, principalmente por la inseguridad que viven los excombatientes y campesinos en la zona. Dos días después, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) por medio de una rueda de prensa, informó que acompañaban el desplazamiento.

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, manifestó que el Gobierno está comprometido con la protección a los excombatientes. Sin embargo, Martín Cruz, integrante de la Dirección Nacional del partido Farc, dijo que “el asedio de grupos armados, el asesinato de 11 exguerrilleros y dos menores de edad; y más de 80 amenazados y desplazados, antes del desplazamiento forzado colectivo, hizo insoportable la situación”. John Taborda, líder de los procesos comunitarios, agrega que “nadie entraba a la finca ni salía al pueblo a comprar algo” porque confinaban la comunidad dos kilómetros a la redonda por temas de seguridad.

El desarraigo de una comunidad

Desde las 9:00 p. m. del 14 de julio, la población del ETCR cargó los camiones con sus enseres, hasta el otro día a las 11:00 a. m. Una hora después, salieron de la vereda Santa Lucía, 17 camiones y 3 chivas escaleras con 95 personas a bordo, de ellas 46 excombatientes. Además de sus animales, plantas, cosecha, maquinaria e iniciativas productivas, en otras palabras, la vida, los sueños y el arraigo en una maleta.

Llegaron al casco urbano de Ituango a las 3:30 p. m. donde esperaban 6 buses de servicios especiales, los cuales estarían al 50 % de capacidad, hubo retrasos y a las 5:30 p. m. salieron del municipio.

Hicieron tres paradas en el camino, la primera en el conocido parador de Santa Rosa de Osos a las 9:30 p. m. Los empleados cerraron el lugar y atendieron exclusivamente a los desplazados de Ituango y acompañantes de la caravana (ARN, Gobernación de Antioquia, Unidad Nacional de Protección (UNP) y Fuerza Pública). Una hora después salieron hacia Medellín.

Manuel Antonio González y Gustavo López, delegados nacionales del partido Farc, expresaron que “había más policías y agentes del Esmad en la caravana que desplazados”.

Los delegados y otros miembros del partido, a través de denuncias públicas, coincidieron en que el gobierno utilizó la fuerza como intimidación y no para garantizar la vida en el territorio.

A las 12:30 a. m. la caravana llegó a Medellín donde se unieron dos camiones para continuar el recorrido.

Alrededor de las 4:40 a. m., entre Cañasgordas y Uramita, atravesaron el carro en el que iba Jesús Mario Arenas, integrante de la Dirección Departamental del

partido Farc, para que el mayor Pinzón, encargado de la caravana, la parara. Alejandro Pérez, integrante del partido, relata que “fue como una acción de película”. Arenas estaba enojado y dijo que respetaran a los niños, las mujeres en embarazo y los adultos mayores; que “el trato fue inhumano y no hacían las paradas pertinentes”. Minutos después, el mayor Pinzón paró la caravana en Uramita, descansaron media hora y se fueron nuevamente.

A las 7:00 a. m., pararon por última vez en Dabeiba donde Nelson Benítez, concejal por el partido Farc, los acompañó. Desde allí, los firmantes de paz dijeron que a pesar de la nostalgia e incertidumbre que generaba el desplazamiento y el incumplimiento del Acuerdo, están firmes con la paz y con la construcción de una nueva Colombia. Estuvieron allá una hora y media, desayunaron y continuaron su viaje.

Sembrando la semilla de la paz

Después de 23 horas y 423 kilómetros recorridos, llegaron a la Nueva Área de Reincorporación (NAR) de San José de Leones en La Fortuna, Mutatá, las veinte familias obligadas a salir de su 

territorio por ausencia de garantías de seguridad. 

Cuenta Samy Vásquez, integrante del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) que los “recibieron con pancartas, sonrisas, abrazos y un delicioso plato de pescado”.

Casi cuatro meses después del desplazamiento, los reincorporados y sus familias siguen esperando cumplimiento de lo concertado en Ituango y del Acuerdo de Paz. Taborda, líder comunitario, dice que “empezamos de cero. No tenemos vivienda ni vía, todas las cosas las hemos subido a las espaldas, vivimos en cambuches improvisados hechos de plástico, sin agua potable, baterías sanitarias ni luz eléctrica”.

Juan Carlos Zuleta, asesor regional de la ARN en Antioquia y Chocó, responde que Andrés Felipe Stapper, director de la ARN, indicó los tiempos de soluciones de vivienda y vía para un plazo de dos meses. En materia de seguridad la comunidad se siente tranquila, dado que hasta el momento, según Zuleta y López, a diferencia del ETCR de Ituango, no hay asesinatos ni presencia de grupos armados cerca de la NAR de San José de Leones en Mutatá.

Periodista

Valentina Ramírez Hurtado, cuarto semestre de comunicación social

Edición 39