Reconocimiento del conflicto y restitución de tierras, una deuda social

Isabel Cristina Foronda

El conflicto armado ha sido uno de los padecimientos más grandes del pueblo colombiano en los últimos 50 años, sin embargo, hay quienes aún rebaten esa tesis al considerar que en el país lo que ha habido es una amenaza de grupos terroristas en contra del Estado. Ese es apenas uno de los síntomas que muestra el precario reconocimiento a las millones de víctimas que ha dejado la violencia con sus múltiples manifestaciones. Un ejemplo preciso: a 8 años de entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, menos del 10% de los reclamantes han logrado recuperar sus predios, así lo asegura Cristian Zapata, de la Fundación Forjando Futuros.

“Si no hay conflicto armado en Colombia, no hay víctimas que requieran de una especial protección, y tampoco hay una obligación estatal para con ellas”, afirma Zapata, quien agrega que si aun con la existencia del marco legal de reparación integral a las víctimas se presenta una deuda social tan representativa, no quisiera imaginar lo que sería de esta población si la normatividad no existiera.

En Colombia no existió conflicto armado

El pasado 7 de febrero, el concejal de Medellín Alfredo Ramos Maya desató polémica frente al tema del reconocimiento del concepto “conflicto armado interno” en el país, esto con la propuesta de suprimirlo del Museo Casa de la
Memoria de la ciudad. El debate frente al reconocimiento del conflicto no es
algo nuevo, pues en el año 2002 el entonces mandatario Álvaro Uribe Vélez ya se había referido asegurando 

que en Colombia lo que existían eran grupos terroristas que amenazaban que en Colombia lo que existían eran grupos terroristas que amenazaban al Estado, esta idea fue fortalecida por el entonces también primer mandatario de los EE. UU George W. Bush, después de la
creación de la ley antiterrorismo como consecuencia del atentado a las Torres Gemelas.

De este modo, y en consideración de este balance en cuanto a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se puede hablar también de una polarización en el panorama político frente al tema del reconocimiento del conflicto armado interno en el país, y tal parece que es una cuestión que cada día se acrecienta más en la medida en que las posturas se adhieren a sus propios intereses. Tal es el caso del congresista por el partido Centro Democrático Edward Rodríguez, quien afirma no considerar que deba desconocerse el concepto de “conflicto armado interno”, posición cuestionable frente al partido que representa, pues es precisamente la lucha contra el terrorismo la que ha edificado su bandera; añadiendo, que este debe ser tenido en cuenta como parte de la historia colombiana, sin dejar de desconocer una amenaza terrorista por parte de frentes armados: “Deben reconocerse tanto el conflicto armado interno como la amenaza terrorista, ambos conceptos se complementan, no se pueden ignorar otros argumentos”.

Por otro lado, aparecen otras posturas que defienden el reconocimiento del “conflicto armado interno” y deslegitiman la intencionalidad de quienes pretenden desconocer una guerra que arrasó consigo a tantos colombianos:

“No debe desconocerse el conflicto, el lenguaje debe decir las cosas por su nombre y no normalizar la violencia”, afirma la congresista María José Pizarro del Partido Coalición Lista de la Decencia, destacando que las intencionalidades detrás 

Periodista

Isabel Cristina Foronda, cuarto semestre de comunicación social

de la pretensión de desconocerlo son una búsqueda por “minimizar las consecuencias de la guerra, así como las responsabilidades de los victimarios y contar otras historias que a la final terminan lavando más manos”.

Víctimas que esperan reparación 

Por otro lado, y de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, en Antioquia existen 1.300.000 víctimas, las cuales tienen derecho acceder a las 5 medidas de reparación integral, restitución (de bienes y/o de derechos), rehabilitación (sicosocial), indemnización, satisfacción y garantías de no repetición.

Por su parte, más de 250.000 víctimas han sido indemnizadas con recursos por valor de 1,6 billones de pesos en el departamento, cifra preocupante, no solo por el lento avance en la reparación, sino porque también se registra que de los 12 billones que ha invertido la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas en todo el país, solo 2,8 han sido asignados para el departamento de Antioquia.

Según Ariel Ávila, politólogo y subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, las estadísticas presentadas por Forjando Futuros son claras, “las regiones más afectadas en el tema de restitución de tierras son particularmente el Urabá antioqueño, la Costa Atlántica, algunas zonas del Magdalena Medio y los Llanos Orientales”, a lo que añade la particularidad de Córdoba como uno de los departamentos más afectados pero del cual se han recibido pocas solicitudes de restitución: 

 “es un aspecto particular y que habría que entrar a mirar el por qué la gente de esa región no realiza solicitudes para la restitución”.

A esta afirmación de Ávila se suma la declaración del director de la Fundación Social Cordoberxia, ONG reconocida en dicho departamento por la defensa de los derechos humanos, afirmando que esta particularidad posee una razón y es que “la naturalización del conflicto es una constante en la comunidad, la presencia de este ha hecho creer a la gente que sus derechos no valen y que todo aquello que se les fue arrebatado ya se perdió”, también asegura que la falta de solicitudes no es equivalente a que no exista una necesidad por parte de las víctimas, sino al peligro que representa para ellos presentar su solicitud.

Así pues, Eliecer Mendoza, líder de la Asociación de Campesinos Desplazados de Córdoba y el Urabá antioqueño (ACDUDA) afirma que, en el caso de este primer departamento los procesos se complican, pues se trata de una zona donde “se ejerce mucha presión por parte de los grupos armados, la gente le tiene mucho temor a eso” añadiendo a su vez que también se convierte en una proeza el ingreso a los territorios, pues según su experiencia en el acompañamiento a los reclamantes “la ley de los territorios es otra, allá no hay presencia del Gobierno Nacional, a ellos no se ingresa porque uno quiera sino cuando lo dejen”.